- El fiscal informa que no se desprenden diligencias contra Zaplana de una denuncia socialista en la que empresarios proponían implicarle a cambio de dinero

El PSOE fuerza una «cacería» contra el portavoz del PP para tapar el «caso Alonso»
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- El fiscal informa que no se desprenden diligencias contra Zaplana de una denuncia socialista en la que empresarios proponían implicarle a cambio de dinero - El dirigente popular se querellará

C. Morodo / N. Tronchoni

Zaplana pedirá la comparecencia de De la Vega para que explique los sms mandados desde Moncloa

Madrid/ Valencia- El mismo día, el pasado 8 de mayo, en que se conocía el fallo judicial de la Audiencia Provincial de Madrid que confirmaba el carácter ilegal de la detención de dos militantes del PP, durante una manifestación de las víctimas del terrorismo, hacía entrada en el registro de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia una denuncia presentada por el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Antoni Such, y el también diputado socialista José Camarasa.
El objeto eran unas grabaciones de unas conversaciones con unos empresarios, imputados en el supuesto fraude de facturas que se investiga en el llamado «caso Terra Mítica», y que con mucha confusión y basándose sólo en cosas escuchadas, pero reconociendo no tener ninguna prueba, relacionaban al portavoz parlamentario del PP y ex presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, con un supuesto cobro de comisiones.
La acusación de los citados imputados, Antonio Moreno y José Herrero, que ha bastado a los dirigentes del PSOE valenciano para dirigirse a la Fiscalía, se fundamenta en el argumento de que terceros -se menciona a Vicente Conesa- les han dicho que alguien «entregaba dinero» a Zaplana. «No he visto cómo le ha llevado el dinero a Zaplana... pero que lo ha dicho estando yo delante lo juro ante la Virgen de los desamparados», asegura en un momento de la grabación Herrero. «No se puede decir que he dado dinero a Zaplana. Pero si hay siete personas..., Pepe. Y no me lo estoy inventando, no sé si estaba Zaplana. Pero los señores decían que el dinero era para él», apunta Moreno en otra reunión con los interlocutores socialistas. En esa línea de ambigüedad se fundamentan las dos grabaciones presentadas ante el fiscal.
Contrapartidas por hablar. Además, de las conversaciones se deduce, entre líneas, que los supuestos empresarios piden dinero e insinúan también que esperan ventajas judiciales a cambio de declarar e involucrar al «número tres» del principal partido de la oposición.
La noticia se conoció precisamente ayer por la mañana, en plena resaca del levantamiento «popular» en el Congreso y en la Asamblea de Madrid para exigir la «cabeza» del ministro Alonso por las detenciones «políticas» de dos afiliados, y a través de la Cadena Ser. «El fiscal ya tiene las grabaciones», rezaba el gran titular de apertura de la página web de esta emisora de radio.
Esta denuncia pilló indefenso, en Valencia, al portavoz parlamentario del PP, que inmediatamente se dirigió a la Fiscalía para saber qué había de cierto en la información de un medio de comunicación que lleva tiempo -como se recuerda desde su entorno- «orquestando una ofensiva para intentar ensuciar su nombre vinculándolo con supuestos casos de corrupción»: así se ha tratado de utilizar, por ejemplo, la campaña sobre pensiones de su etapa al frente del Ministerio de Trabajo, y sobre la que el propio Tribunal de Cuentas ha negado irregularidades en su informe final, un caso que la Fiscalía Anticorrupción archivó. El fiscal valenciano le informó de que de lo recibido no se desprendía hechos que le lleven a abrir ninguna diligencia contra su persona.
El nuevo «golpe» contra uno de los «pesos pesados» de Rajoy es una pieza que encaja con esa teoría que Moncloa y Ferraz están construyendo -se trabaja en ella con más denuedo desde el alto el fuego permanente de ETA- para conceder el papel de «bueno» al líder de los «populares», mientras se estigmatiza a su «núcleo duro». Zaplana, sin duda, es uno de los dirigentes que mantienen un discurso más contundente de oposición. Por cierto, Moncloa envió ayer un SMS a todos los periodistas que difundía la noticia de la denuncia, aunque a media tarde, a través de Fernando Moraleda, pidió disculpas al dirigente del PP y dio a conocer que se había tratado de un error técnico. El mensaje decía: «La SER informa que dos empresarios imputados en caso Terra Mítica imputan en sus declaraciones a Zaplana por cobro de comisiones millonarias».
El portavoz compareció ante los periodistas a primera hora de la tarde para anunciar que se querellará contra los empresarios y contra los diputados socialistas. Acompañado por el presidente de las Cortes valencianas, Julio de España, el diputado popular Vicente Martínez Pujalte, y los parlamentarios autonómicos Ricardo Costa, Elvira Suanzes y Manuel Muñoz, afirmó que lo ocurrido «sobrepasa todos los límites de lo tolerable» y anunció que ha solicitado «amparo» al fiscal y que practicase las diligencias que considerase necesarias «de forma urgente» para salvaguardar su honor. Ante lo que el PP entiende como una «operación de persecución y de linchamiento», Zaplana intentó ponerse en contacto con el presidente del Gobierno para exigirle que «pare este tipo de prácticas». Zapatero no le atendió, pero si tuvo oportunidad de trasladar este mensaje al secretario general del PSOE, José Blanco. En la rueda de prensa, denunció que hay un sometimiento del Estado «a los intereses bastardos de un partido político» que quiere «acallar» sus problemas con estas «maniobras». El dirigente del PP pedirá la comparencencia de la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega en el Congreso para que informe de los mensajes por móvil enviados desde Moncloa.
>La denuncia de dirigentes socialistas que intenta involucrar a Eduardo Zaplana con el «caso Terra Mítica» es de fecha 8 de mayo, el mismo día que se conoció la sentencia que condenó a tres policías por detenciones ilegales.
>Los empresarios que le acusan reconocen que no tienen pruebas y piden dinero por hablar.
>La noticia la dio a conocer a bombo y platillo la Cadena Ser, después del levantamiento «popular» en el Parlamento contra Alonso.
>El PP cree que forma parte de una operación de «linchamiento» a la oposición.

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